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El derecho a recurrir un fallo adverso, conocido como el principio de la doble instancia, es una de las garantías fundamentales de cualquier sistema judicial que se precie de justo. Sin embargo, este derecho no es absoluto. Por razones de economía procesal y para evitar que los tribunales superiores se vean inundados de casos de escasa cuantía, las leyes establecen un monto mínimo para apelar. Si el valor del litigio no supera ese umbral, la sentencia de primera instancia se vuelve inapelable. Pero, ¿qué sucede cuando ese monto mínimo cambia en el transcurso de un juicio que dura varios años?
Un reciente y esclarecedor fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ porteño) ha venido a poner blanco sobre negro en esta cuestión, que generaba incertidumbre y decisiones contradictorias en los tribunales inferiores. En una decisión que prioriza la seguridad jurídica y el derecho de defensa de los litigantes, el máximo tribunal de la Ciudad estableció que el monto para determinar si una sentencia es apelable debe ser el que estaba vigente al momento de la interposición de la demanda, y no el que rige al momento de dictarse el fallo o interponerse el recurso.
La controversia se suscitó en un juicio por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito ocurrido en 2011. La demanda se había iniciado por un valor de $222.000. Tras un largo periplo judicial, se dictó la sentencia de primera instancia. Una de las partes, disconforme, interpuso un recurso de apelación.
Aquí es donde la historia se complica. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en lugar de analizar los agravios del recurrente, declaró desierto el recurso. ¿El motivo? Consideró que el monto de la condena era inferior al mínimo para apelar establecido por la Acordada 14/2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era la norma vigente al momento en que se interpuso la apelación. En otras palabras, para la Cámara, el juicio ya no tenía la entidad económica suficiente para merecer una revisión.
Esta decisión, aunque aparentemente apegada a la letra de la acordada más reciente, dejaba al litigante en una situación de total indefensión: cuando inició el juicio, su reclamo superaba con creces el monto mínimo para apelar de aquella época, pero por el efecto combinado de la inflación y las sucesivas actualizaciones de ese umbral por parte de la Corte, su derecho a la doble instancia se había esfumado en el camino.
El caso llegó, vía recurso de inconstitucionalidad, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. El TSJ, con una lógica jurídica impecable, revocó la decisión de la Cámara y sentó una doctrina clara y previsible para todos los operadores del derecho.
El argumento central del TSJ se basa en una interpretación armónica del artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) y el principio de irretroactividad de las normas procesales.
El artículo 242 del CPCCN es el que establece la regla general de la apelabilidad de las sentencias definitivas. El TSJ porteño enfatizó que, para determinar si un juicio es apelable por su monto, la “foto” que hay que mirar es la del momento en que se inicia el proceso. Es en ese instante inicial cuando el litigante evalúa los costos, los riesgos y las posibles vías recursivas de su reclamo. Cambiarle las reglas de juego a mitad de camino atenta contra la seguridad jurídica y el derecho de defensa en juicio.
El tribunal fue contundente: las acordadas de la Corte Suprema que actualizan los montos mínimos para apelar solo son aplicables a las demandas interpuestas con posterioridad a su entrada en vigencia. No pueden aplicarse de forma retroactiva a juicios ya iniciados, porque ello implicaría un cambio sorpresivo en las reglas procesales que las partes tuvieron en cuenta al momento de trabar la litis.
Esta decisión del TSJ es fundamental porque pone un freno a una práctica que, si bien podía tener una justificación en la necesidad de descongestionar los tribunales, generaba una enorme inseguridad jurídica. Los litigantes se encontraban con que, de un día para el otro, un juicio que era apelable dejaba de serlo, no por un cambio en su reclamo, sino por una decisión administrativa de la Corte Suprema.
El fallo del TSJ reafirma un principio básico del derecho: las normas, por regla general, rigen para el futuro. Un litigante que inició un juicio en 2011, bajo un determinado régimen de apelabilidad, tiene el derecho a que ese régimen se mantenga a lo largo de todo el proceso. Su derecho a la doble instancia no puede depender de la fecha en que la Cámara de Apelaciones decide tratar su recurso, ni de las fluctuaciones de una acordada de la Corte.
El pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de CABA es una excelente noticia para los abogados y, sobre todo, para los ciudadanos que acuden a la justicia en busca de la protección de sus derechos. Aporta claridad, previsibilidad y, fundamentalmente, protege la garantía de la doble instancia, un pilar del debido proceso.
La lección es clara:
* La apelabilidad se define al inicio: El monto que determina si una sentencia es apelable es el vigente al momento de interponer la demanda.
* Las acordadas de la Corte no son retroactivas: Las actualizaciones de los montos mínimos solo rigen para los juicios iniciados después de su publicación.
* La seguridad jurídica es un valor fundamental: Las reglas del juego procesal no pueden cambiar de manera sorpresiva y en perjuicio de los litigantes.
Este fallo no solo resuelve un caso concreto, sino que también establece un criterio ordenador que deberá ser seguido por todos los tribunales inferiores de la jurisdicción. Es una reafirmación de que, en el delicado equilibrio entre la eficiencia judicial y las garantías procesales, estas últimas deben tener siempre un lugar de preeminencia.
1. ¿Qué es el monto mínimo para apelar?
Es un umbral de valor económico establecido por la ley o por la Corte Suprema. Si el monto del juicio o de la condena no lo supera, la sentencia de primera instancia no puede ser apelada.
2. ¿Por qué existe este monto mínimo?
Su objetivo es evitar que los tribunales de apelación se vean sobrecargados con casos de escasa relevancia económica, permitiéndoles concentrarse en los litigios de mayor cuantía o complejidad.
3. ¿Qué es la doble instancia?
Es el derecho que tienen las partes de un juicio a que una sentencia dictada por un juez de primera instancia sea revisada por un tribunal superior (la Cámara de Apelaciones).
4. ¿Qué es una “acordada” de la Corte Suprema?
Es una resolución de carácter administrativo dictada por la Corte Suprema de Justicia para regular cuestiones de funcionamiento interno del Poder Judicial, como la actualización de los montos procesales.
5. ¿Qué significa que una norma es “irretroactiva”?
Significa que solo se aplica a los hechos o situaciones que ocurren después de su entrada en vigencia, y no a los que ocurrieron con anterioridad.
6. ¿Cómo afecta este fallo a los juicios en trámite?
Garantiza que a los juicios ya iniciados se les aplicará el monto de apelabilidad que estaba vigente cuando comenzaron, protegiendo el derecho de las partes a la doble instancia, independientemente de las actualizaciones posteriores de la Corte.