• Posted On: abril 01, 2025
• Posted By: Alejandro Miquelarena

¿El derecho del consumidor puede aplicarse a una ART?

En los últimos tiempos, los tribunales argentinos han enfrentado la compleja cuestión de si la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) es aplicable a las relaciones entre los trabajadores y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cuestión ha sido especialmente relevante en casos donde el incumplimiento de las ART afecta gravemente los derechos de los trabajadores. En el fallo “Muñoz Juan José c/ Galeno ART S.A.”, la Cámara Única Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia de San Martín de los Andes tomó una decisión clave al imponer una indemnización por daño punitivo a una ART por su negativa infundada a brindar prestaciones en especie, particularmente la recalificación profesional del trabajador.

El tribunal consideró que existía una relación de consumo entre el trabajador y la ART, permitiendo la aplicación de la LDC. Esta decisión abre la puerta a nuevas interpretaciones sobre la protección de los derechos laborales desde una perspectiva de derechos del consumidor. En este artículo, analizaremos en profundidad los fundamentos del fallo y sus implicancias para el sistema de riesgos del trabajo en Argentina.
Contexto del Caso: Un Reclamo de Recalificación Profesional

El caso “Muñoz Juan José c/ Galeno ART S.A.” comenzó cuando el trabajador, Juan José Muñoz, solicitó a la ART la recalificación profesional debido a una enfermedad profesional que le impedía continuar en su puesto de trabajo. A pesar de la obligación legal de la ART de proporcionar esta prestación, la aseguradora se negó a cumplir con su deber, lo que llevó al trabajador a presentar una demanda.
La Decisión del Tribunal de Primera Instancia

El juez de primera instancia falló a favor del trabajador y condenó a Galeno ART S.A. a:

Cumplir con la recalificación profesional del trabajador como prestación en especie, según lo dispuesto por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).
Pagar una suma de $600.000 en concepto de daño punitivo, más intereses, costos y costas del proceso.

La ART apeló esta decisión, argumentando que la imposición del daño punitivo no era apropiada, ya que no existía una sentencia firme que la obligara previamente a cumplir con la recalificación profesional.
La Relación de Consumo entre Trabajador y ART: Una Nueva Perspectiva

Uno de los aspectos más destacados del fallo es el reconocimiento de una relación de consumo entre el trabajador y la ART. Tradicionalmente, se ha entendido que la relación entre trabajadores y ART pertenece exclusivamente al ámbito del derecho laboral, ya que el contrato de seguro de riesgos del trabajo es suscrito entre el empleador y la ART. Sin embargo, la jurisprudencia ha comenzado a adoptar una visión más amplia de la LDC, considerando al trabajador como el destinatario final de las prestaciones que debe brindar la ART.
Fundamentos del Tribunal

El tribunal basó su decisión en varios puntos clave:

Existencia de una relación de consumo: El trabajador, como beneficiario de las prestaciones brindadas por la ART, es considerado un consumidor protegido por la LDC.
Carácter automático de las prestaciones: Las prestaciones de la LRT, como la recalificación profesional, deben ser automáticas y no dependen de una sentencia judicial firme para ser exigibles.
Incumplimiento reiterado y grave: La negativa de la ART a cumplir con su obligación fue considerada un incumplimiento grave y carente de razonabilidad, lo que justificaba la imposición de una sanción ejemplar a través del daño punitivo.

El Daño Punitivo: Una Herramienta para Sancionar y Disuadir

El daño punitivo es una figura del derecho civil que tiene como objetivo sancionar conductas gravemente reprochables y disuadir futuros incumplimientos. La Ley de Defensa del Consumidor, en su artículo 52 bis, permite la imposición de una multa civil cuando se verifican incumplimientos graves, como en este caso.

El tribunal consideró que el comportamiento de la ART cumplía con los requisitos para la imposición de daños punitivos, ya que:

La ART mostró un grave menosprecio hacia los derechos del trabajador.
La negativa de la ART le permitió obtener un enriquecimiento ilícito al evitar los costos de la recalificación profesional.
Existía una asimetría de poder entre el trabajador y la ART, lo que justificaba una mayor protección del trabajador bajo la LDC.

Argumentos de la ART y Réplica del Actor

La ART apeló el fallo argumentando que no era procedente la imposición de la multa, ya que no había una sentencia firme que la obligara a recalificar al trabajador. Sin embargo, la parte actora respondió que la obligación de recalificación profesional tiene una base legal en la Ley de Riesgos del Trabajo (artículo 20, inciso d) y no depende de una sentencia judicial para su cumplimiento. El tribunal coincidió con esta interpretación, considerando que la ART estaba obligada a cumplir con la recalificación desde el momento en que el trabajador lo solicitó formalmente.
Análisis Jurídico: La Aplicación de la LDC en el Sistema de Riesgos del Trabajo

Este fallo sienta un precedente clave en la interpretación de la relación entre trabajadores y ART. Al reconocer la existencia de una relación de consumo y aplicar la LDC, el tribunal adoptó un enfoque más amplio y protector de los derechos del trabajador, permitiendo que estos puedan ser resguardados a través de la normativa consumeril, además de la ley laboral.
La Naturaleza de la Relación de Consumo

El tribunal explicó que, aunque el contrato de seguro de riesgos del trabajo se firma entre el empleador y la ART, el trabajador es el destinatario final de las prestaciones, lo que lo convierte en consumidor de los servicios prestados por la ART. Este razonamiento se encuentra alineado con los principios de la LDC, que busca proteger al usuario final de los servicios y bienes ofrecidos por proveedores.

Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha señalado en fallos anteriores que las relaciones de consumo no se limitan exclusivamente a contratos directos entre las partes, sino que pueden abarcar situaciones donde una parte es beneficiaria de un servicio, como ocurre en el caso de las ART y los trabajadores.
El Papel de las ART y el Incumplimiento de sus Obligaciones

La Ley de Riesgos del Trabajo establece que las ART deben brindar prestaciones automáticas a los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades laborales, incluyendo la recalificación profesional. Sin embargo, en este caso, la ART Galeno incumplió con su obligación, obligando al trabajador a recurrir a la justicia para obtener las prestaciones que le correspondían por ley.

El tribunal consideró que la negativa de la ART no solo carecía de justificación, sino que constituía un incumplimiento reiterado y grave de sus obligaciones, lo que permitía la imposición del daño punitivo. El fallo resaltó que el enriquecimiento ilícito de la ART se materializó al evitar los costos asociados a la recalificación profesional, lo que agravó su responsabilidad.
Daño Punitivo: Fundamentos para su Aplicación

El daño punitivo en Argentina es una figura sancionatoria que se aplica en casos donde el proveedor de bienes o servicios ha incurrido en incumplimientos graves que afectan los derechos del consumidor. En este caso, el tribunal consideró que la ART había incurrido en un grave menosprecio hacia los derechos del trabajador, al negarse a brindarle las prestaciones a las que tenía derecho.

El fallo destacó la importancia del daño punitivo como una herramienta para disuadir futuros incumplimientos y proteger los derechos de los consumidores, en este caso, los trabajadores. Al imponer una multa civil de $600.000, el tribunal envió un mensaje claro a las ART sobre la gravedad de incumplir con sus obligaciones hacia los trabajadores.
Conclusiones: Una Decisión Transformadora para el Derecho Laboral y del Consumidor

El fallo “Muñoz Juan José c/ Galeno ART S.A.” marca un hito en la jurisprudencia argentina al aplicar la Ley de Defensa del Consumidor en una relación entre un trabajador y una ART. Al reconocer que el trabajador es un consumidor de los servicios prestados por la ART, el tribunal amplía la protección de los derechos laborales y crea un precedente clave para futuros casos.

Además, este fallo refuerza la importancia de los daños punitivos como herramienta para sancionar incumplimientos graves y proteger los derechos de los consumidores. La decisión podría tener importantes implicancias para el sistema de riesgos del trabajo, incentivando a las ART a cumplir de manera más estricta con sus obligaciones, especialmente en lo que respecta a las prestaciones en especie, como la recalificación profesional.
Implicancias Futuros del Fallo

Este fallo establece un precedente que podría motivar una mayor cantidad de reclamos bajo el paraguas de la Ley de Defensa del Consumidor por parte de trabajadores que sufran incumplimientos de las ART. Asimismo, refuerza la necesidad de que las ART cumplan de manera eficiente y oportuna con sus obligaciones, pues el
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Implicancias Futuras del Fallo

Este fallo establece un precedente significativo que puede tener profundas implicancias en el futuro de las relaciones entre los trabajadores y las ART. Al reconocer la aplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor en este ámbito, el fallo abre la puerta a que otros trabajadores que se encuentren en situaciones similares utilicen la vía del derecho del consumidor para reclamar el cumplimiento de las obligaciones que las ART deben garantizar en virtud de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Una de las principales consecuencias de esta decisión judicial es que se crea un incentivo para la judicialización de los conflictos entre los trabajadores y las ART bajo el paraguas de la Ley de Defensa del Consumidor. Si bien tradicionalmente estos conflictos se han resuelto dentro del ámbito del derecho laboral, la posibilidad de reclamar daños punitivos bajo la LDC podría llevar a que muchos trabajadores elijan esta vía para sancionar incumplimientos graves, sobre todo cuando los perjuicios derivados de la falta de recalificación profesional o de otras prestaciones en especie son evidentes.
Un Cambio en la Actitud de las ART

Otro de los efectos que se espera tras este fallo es un cambio en la actitud de las ART hacia el cumplimiento de sus obligaciones. La imposición de una sanción económica significativa, como lo es el daño punitivo de $600.000 en este caso, puede motivar a las ART a cumplir de manera más estricta y proactiva con sus obligaciones para evitar futuros litigios y sanciones. Las ART deberán prestar mayor atención a las solicitudes de los trabajadores en relación con las prestaciones en especie, como la recalificación profesional, ya que un incumplimiento podría derivar en sanciones económicas importantes.

Además, este fallo puede contribuir a mejorar las prácticas de las ART, forzándolas a adoptar medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo. De esta manera, se podría ver una mejora en la calidad del servicio brindado por las ART, lo que beneficiaría a los trabajadores que dependen de estas prestaciones para su bienestar y recuperación laboral.
Desafíos y Posibles Críticas

A pesar de las implicancias positivas que este fallo podría tener para los derechos de los trabajadores, también es importante considerar algunos de los desafíos y críticas que podrían surgir a partir de esta decisión.

Por un lado, la judicialización de los conflictos entre trabajadores y ART bajo el régimen de la Ley de Defensa del Consumidor podría generar una sobrecarga en los tribunales, especialmente en aquellos que manejan casos de consumo. Si bien este tipo de demandas podría fortalecer los derechos de los trabajadores, también es cierto que una proliferación de casos podría ralentizar el sistema judicial y complicar la resolución de los conflictos en plazos razonables.

Además, desde el punto de vista de las ART, este fallo podría ser visto como una carga económica adicional en un sistema que ya enfrenta múltiples desafíos financieros. La imposición de daños punitivos podría generar costos adicionales para las ART, que podrían trasladar estos costos a los empleadores a través de un aumento en las primas de seguro. Esto, a su vez, podría generar un impacto económico en los empleadores, que son quienes contratan los seguros de riesgos del trabajo para proteger a sus empleados.
El Rol de los Abogados Laboralistas en este Nuevo Escenario

El fallo “Muñoz Juan José c/ Galeno ART S.A.” también plantea un desafío para los abogados laboralistas que asesoran a los trabajadores en conflictos con las ART. Dado que la Ley de Defensa del Consumidor se erige como una herramienta potencialmente poderosa para reclamar daños punitivos y sancionar incumplimientos graves, los abogados deberán estar atentos a las posibilidades que este fallo ofrece para el resguardo de los derechos de sus clientes.

En este sentido, será crucial que los abogados evalúen la viabilidad de utilizar la LDC en casos futuros, sobre todo en situaciones donde las ART hayan incumplido con sus obligaciones de manera reiterada y sin justificación aparente. La utilización de esta normativa en paralelo con la Ley de Riesgos del Trabajo podría aumentar significativamente las posibilidades de obtener reparaciones más justas para los trabajadores que han sufrido perjuicios como resultado del incumplimiento de las ART.
Conclusión: Una Decisión con Potencial Transformador

El fallo “Muñoz Juan José c/ Galeno ART S.A.” representa un punto de inflexión en la forma en que se interpretan las relaciones entre los trabajadores y las ART en Argentina. Al aplicar la Ley de Defensa del Consumidor y reconocer que el trabajador es un consumidor protegido, el tribunal ha sentado un precedente que podría transformar la forma en que se resuelven los conflictos entre trabajadores y ART en el futuro.

Además, la imposición del daño punitivo como sanción a las ART que incumplen gravemente con sus obligaciones crea un incentivo para que estas aseguradoras adopten una actitud más responsable y diligente en el cumplimiento de sus deberes. Si bien este fallo puede generar desafíos y críticas, sus implicancias positivas para los derechos de los trabajadores son innegables.

En última instancia, esta decisión judicial no solo refuerza la protección de los trabajadores en el sistema de riesgos del trabajo, sino que también subraya la importancia de la Ley de Defensa del Consumidor como herramienta para sancionar incumplimientos graves y disuadir conductas abusivas por parte de las empresas. A medida que más casos como este lleguen a los tribunales, será interesante ver cómo evoluciona la jurisprudencia y cómo se adaptan tanto las ART como los trabajadores y sus abogados a este nuevo escenario legal.
FAQs

¿Por qué se aplicó la Ley de Defensa del Consumidor en este caso? Se aplicó la Ley de Defensa del Consumidor porque el tribunal consideró que el trabajador es un consumidor de los servicios que brinda la ART, lo que genera una relación de consumo protegida por la LDC.

¿Qué es el daño punitivo? El daño punitivo es una sanción civil que tiene como objetivo castigar conductas gravemente reprochables y disuadir futuros incumplimientos. En este caso, se impuso para sancionar a la ART por su grave incumplimiento.

¿El trabajador puede reclamar prestaciones de la ART sin una sentencia judicial? Sí, las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, como la recalificación profesional, deben ser automáticas y no dependen de una sentencia judicial para su cumplimiento.

¿Qué implicancias tiene este fallo para otros trabajadores? Este fallo sienta un precedente que podría permitir a otros trabajadores reclamar bajo la Ley de Defensa del Consumidor en caso de incumplimientos graves por parte de las ART, ampliando sus derechos.

¿Cómo afecta este fallo a las ART? Las ART podrían enfrentar sanciones económicas significativas si no cumplen con sus obligaciones, lo que las incentivaría a adoptar una actitud más diligente en el cumplimiento de sus deberes.

¿Cuál es el impacto en el sistema judicial? Este fallo podría aumentar la judicialización de los conflictos entre trabajadores y ART, lo que podría sobrecargar los tribunales, pero también fortalecer la protección de los derechos laborales.

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