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En la era de la hiperconectividad, un video de pocos segundos puede cambiar una vida para siempre. Lo que antes quedaba en el ámbito privado, hoy puede convertirse en un fenómeno viral que nos marque a fuego, persiguiéndonos en cada búsqueda de Google, en cada rincón de la web. Esta es la historia de un hombre de Tucumán que, en un acto impulsivo para proteger a su hija, se vio envuelto en una pesadilla digital que lo llevó a los tribunales en busca de un “borrón y cuenta nueva” digital.
El caso, resuelto por el Juzgado Civil y Comercial 1 de Tucumán, nos sumerge en uno de los debates más fascinantes y complejos del derecho moderno: la colisión entre el derecho al honor y a la intimidad (y su derivado, el “derecho al olvido”) y la libertad de expresión y de información. ¿Hasta qué punto podemos exigir que nuestro pasado sea borrado de la web? ¿Prevalece el derecho de una persona a reconstruir su vida sin el estigma de un error, o el derecho de la sociedad a informarse sobre hechos de interés público?
Acompáñenme a analizar este fallo que, con la excusa de una patada a un perro, nos obliga a reflexionar sobre la memoria y el olvido en la era de internet.
Todo comenzó durante la pandemia. Un hombre, en su casa, ve cómo dos perros se pelean. Uno de ellos, un pastor belga que estaba de tránsito en su hogar. Su hija, de 9 años, está en el medio. El pánico, el instinto de protección. El hombre reacciona y le da una patada al perro.
Un vecino, celular en mano, graba una parte de la secuencia. El video se sube a las redes sociales y, en cuestión de horas, explota. Portales de noticias, como Clarín, se hacen eco del hecho. El hombre es escrachado, repudiado, juzgado por miles de personas que no conocen el contexto completo. Se inicia una causa penal por “malos tratos y actos de crueldad a los animales”, que finalmente se extingue por una reparación que ofrece el propio acusado.
El problema, para él, recién comenzaba. A pesar de haber reparado su error en el ámbito penal, la condena social en el mundo digital seguía intacta.
El hombre, agobiado por las consecuencias, decide iniciar una acción de “tutela autosatisfactiva” (una especie de amparo urgente) contra Google y Grupo Clarín. Su pedido era claro: que dejen de vincular su nombre con esa noticia.
Sus argumentos eran contundentes:
* Daño continuo: La persistencia de la información le generaba un hostigamiento constante.
* Pérdida de oportunidades laborales: Como visitador médico, su reputación era fundamental. El escrache virtual le cerraba puertas.
* Bullying a su hija: La viralización del hecho afectaba directamente a su pequeña hija en su entorno social.
Invocó el “deber de prevención del daño” y la protección de sus derechos personalísimos, como el honor y la intimidad. En definitiva, estaba pidiendo que se aplicara una suerte de “derecho al olvido”.
Google, por su parte, se defendió con un argumento que viene sosteniendo en miles de juicios alrededor del mundo:
* No hay ilicitud: El contenido es una “crónica de un hecho real reconocido por el propio actor”. No hay noticias falsas.
* Interés público: El maltrato animal es un tema de interés para la sociedad.
El buscador no es el autor: Google se limita a indexar contenido de terceros. Solo sería responsable si, una vez notificado de un contenido ilícito*, no actúa con diligencia para removerlo.
Grupo Clarín, en una línea similar, defendió la veracidad de su publicación y el interés público de la noticia.
El juez Santiago Peral, a la hora de resolver, se encontró con una verdadera “colisión de derechos”. Por un lado, el derecho al honor del actor. Por el otro, la libertad de expresión e información.
Su análisis fue impecable. Primero, descartó que se hubieran configurado los daños invocados, ya que no se probó ni la ilicitud de la información ni un daño cierto y directo derivado de ella.
Pero lo más interesante es cómo resolvió la ponderación de derechos. Citando jurisprudencia consolidada, recordó que “ante las tensiones entre el derecho al honor y la protección de la libertad de expresión, esta última goza de una protección más intensa siempre que se trate de publicaciones referidas a funcionarios públicos, personas públicas o temas de interés público”.
Y aquí está el quid de la cuestión. Si bien el hombre no era un funcionario ni una persona pública, el hecho en sí (el maltrato animal y la posterior causa penal) sí revestía un claro interés público.
La sentencia es categórica: la publicación de una noticia verdadera, sobre un tema de interés público, identificando las fuentes y sin que se haya probado falsedad o negligencia, no genera responsabilidad. Por lo tanto, se rechazó la demanda.
Este fallo nos deja una enseñanza tan clara como, para algunos, incómoda: en Argentina, el “derecho al olvido” no es absoluto. Cede ante la libertad de expresión cuando la información es veraz y de interés público.
El caso nos obliga a ser conscientes del poder de un “clic”. Un video, una foto, un comentario, pueden tener consecuencias imprevisibles. Y si bien la justicia puede reparar un daño, no siempre puede borrar la memoria colectiva de internet.
La lección para todos es doble: por un lado, la importancia de actuar con responsabilidad en nuestros actos, sabiendo que en cualquier momento podemos ser grabados y expuestos. Por otro lado, la necesidad de ser consumidores críticos de información, de no quedarnos con el titular o el video viral, y de entender que detrás de cada “escrache” hay una historia, un contexto y, muchas veces, un drama personal.
1. ¿Qué es el “derecho al olvido”?
Es el derecho que tiene una persona a solicitar que se eliminen o desindexen de los buscadores de internet ciertos datos personales que considera obsoletos, irrelevantes o perjudiciales.
2. ¿Está regulado el derecho al olvido en Argentina?
No existe una ley específica sobre “derecho al olvido”. Se deriva de la protección de datos personales (Ley 25.326) y del derecho al honor y a la intimidad. Su aplicación depende de la ponderación que hacen los jueces en cada caso concreto.
3. ¿En qué casos se ha reconocido el derecho al olvido en Argentina?
Se ha reconocido en casos de datos falsos, información sensible que perdió todo interés público, o cuando la información afecta gravemente la reinserción social de una persona que ya ha cumplido una condena.
4. ¿Por qué en este caso se priorizó la libertad de expresión?
Porque el maltrato animal es un tema que genera un alto interés en la sociedad, y la existencia de una causa penal lo convierte en un hecho de relevancia pública. La información era, además, veraz.
5. ¿Qué diferencia hay entre una persona pública y un hecho de interés público?
Una persona pública (un político, un artista) tiene un umbral de protección de su intimidad más bajo. Pero una persona privada puede verse envuelta en un hecho de interés público (un accidente, un delito), y en ese caso, la libertad de información también tiene una protección reforzada.
6. ¿Podría haber sido diferente el fallo si la información fuera falsa?
Sí, absolutamente. Si se hubiera probado que la noticia era falsa o que se actuó con “real malicia” (sabiendo que era falsa o con total despreocupación por su veracidad), el resultado habría sido, con seguridad, diferente.