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En el día a día de los tribunales, no todas las batallas legales llegan a las instancias superiores. Y no es por capricho. Existe un principio fundamental, el de la economía procesal, que busca optimizar los recursos del sistema de justicia, evitando que los tribunales de alzada se vean inundados por casos de escasa relevancia económica.
Un reciente fallo de la Cámara Federal de Resistencia, en una causa iniciada por la Dirección Nacional de Vialidad, nos sirve de excusa perfecta para analizar una herramienta procesal clave: el monto mínimo de apelabilidad. ¿Por qué existe? ¿Cómo se actualiza? ¿Y qué mensaje le da la justicia a los organismos estatales que buscan apelar deudas de bajo monto?
Acompáñenme a desmenuzar este fallo que, con la frialdad de los números, nos enseña una valiosa lección sobre la eficiencia y la razonabilidad en el acceso a la justicia.
La historia es simple. La Dirección Nacional de Vialidad inicia una ejecución fiscal contra un particular por una deuda de $684.775. La jueza de primera instancia dicta una resolución y Vialidad, disconforme, apela. El recurso es concedido y el expediente llega a la Cámara Federal de Resistencia.
Pero el viaje del expediente a la alzada fue corto. Los jueces Rocío Alcalá, Enrique Jorge Bosch y Patricia Beatriz García, antes de siquiera analizar los argumentos de Vialidad, se detuvieron en un detalle formal, pero crucial: el monto del reclamo.
Mediante la Acordada 10/2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había establecido que, para que un recurso de apelación fuera admisible en el fuero federal, el monto en disputa debía ser de, al menos, $2.100.000.
El reclamo de Vialidad, de apenas $684.775, estaba muy por debajo de ese umbral. La conclusión de la Cámara fue contundente: el recurso había sido mal concedido por la jueza de primera instancia y, por lo tanto, era inadmisible.
El artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es el que le da a la Corte Suprema la facultad de establecer estos montos mínimos. Y la lógica detrás de esta norma es aplastante.
Como bien lo explica la Cámara en su fallo, citando precedentes del Máximo Tribunal, esta limitación no solo beneficia a las partes (evitándoles gastar tiempo y dinero en litigios de poca monta), sino que, “primordialmente”, beneficia al Estado.
Imaginen que todos los casos, sin importar su cuantía, pudieran ser apelados. Los tribunales superiores se verían colapsados por una avalancha de expedientes, muchos de ellos por sumas irrisorias. Esto generaría una “dilapidación de tiempo y dinero” y retrasaría la resolución de casos verdaderamente complejos y relevantes.
La justicia, como cualquier otro servicio público, tiene recursos limitados. El monto mínimo de apelabilidad funciona como un filtro inteligente, una herramienta de gestión que permite concentrar los esfuerzos de los tribunales de alzada en aquellas causas que, por su impacto económico o su complejidad jurídica, realmente merecen una segunda revisión.
Otro punto que aclara el fallo es qué conceptos se deben tener en cuenta para calcular si se llega al mínimo. La respuesta es clara: solo el capital.
Los intereses, las costas, las multas y cualquier otro accesorio quedan fuera del cálculo. Esto es lógico, ya que de lo contrario se desvirtuaría la finalidad de la norma, permitiendo que deudas originalmente pequeñas se inflen artificialmente con accesorios para superar el umbral de apelabilidad.
En el caso de Vialidad, aunque con intereses la deuda pudiera superar los dos millones de pesos, lo único que importaba era el capital original reclamado: los $684.775.
Este fallo, que podría parecer un mero trámite procesal, encierra un mensaje profundo, especialmente para los grandes litigantes, como los organismos estatales.
La justicia les está diciendo: “sean eficientes”. No se puede utilizar el aparato judicial para perseguir deudas de escaso monto hasta las últimas instancias, generando un desgaste innecesario para el sistema y para los ciudadanos.
La decisión de la Cámara de Resistencia es un llamado a la razonabilidad, a la gestión inteligente de los recursos públicos y a entender que el acceso a la justicia también implica un uso responsable de la misma.
No se trata de denegar justicia, sino de administrarla con criterio, asegurando que los casos más importantes reciban la atención que merecen, sin que el sistema se ahogue en un mar de reclamos menores. Por esa plata, como bien lo entendió la Cámara, no se discute en una instancia superior.
1. ¿Qué es el monto mínimo de apelabilidad?
Es un valor mínimo que debe tener un juicio para que las resoluciones que se dicten en él puedan ser apeladas. Si el monto en disputa es inferior, las decisiones del juez de primera instancia son, en principio, definitivas.
2. ¿Quién fija ese monto?
En la justicia federal, lo fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de Acordadas. En las justicias provinciales, lo suelen fijar las respectivas cortes supremas o superiores tribunales.
3. ¿Este monto se actualiza?
Sí, la Corte Suprema lo actualiza periódicamente para ajustarlo a la inflación y a la realidad económica del país.
4. ¿Se aplica a todos los tipos de juicios?
No. Existen excepciones. Por ejemplo, no se aplica en juicios de familia, en los que se discuten derechos no patrimoniales, o cuando hay un interés institucional relevante en juego.
5. Si mi caso no llega al monto mínimo, ¿no puedo hacer nada si el juez se equivoca?
En principio, no podrías apelar. La idea es que en casos de poco monto, el “costo” de una eventual equivocación del juez es menor que el costo de movilizar todo el aparato de la segunda instancia. Sin embargo, en casos de arbitrariedad manifiesta, siempre quedan vías recursivas extraordinarias.
6. ¿Por qué la jueza de primera instancia concedió el recurso si no correspondía?
Pudo ser un error o una interpretación diferente. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones tiene la obligación, antes de tratar el fondo de un recurso, de verificar que se cumplan todos los requisitos formales de admisibilidad, como el monto mínimo. Por eso, aunque el juez lo conceda, la Cámara puede (y debe) revocar esa concesión si no corresponde.