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La implementación del sistema acusatorio en la justicia penal federal es una de las reformas más importantes y esperadas de las últimas décadas en Argentina. Un cambio de paradigma que promete agilizar los procesos, fortalecer el rol del fiscal y garantizar un juicio más transparente y oral. Sin embargo, como suele suceder con las grandes transformaciones, el camino está lleno de obstáculos. Y una vez más, la línea de llegada se ha corrido unos metros más allá. A través de la Resolución 530/2025 del Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo oficializó la postergación de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y en la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
La noticia, publicada en el Boletín Oficial a las 00:00 horas del 11 de agosto de 2025, fecha prevista para el inicio del nuevo sistema, cayó como un balde de agua fría en el mundo judicial. La nueva fecha de largada es el 10 de noviembre de 2025. Una postergación que, si bien se presenta como “única, excepcional e improrrogable”, no deja de generar preocupación y un sabor a poco. ¿Cuáles son las razones detrás de esta decisión? ¿Qué implicancias tiene para el futuro de la justicia penal en nuestro país?
El Ministerio de Justicia, en los considerandos de la resolución, no anda con rodeos. Admite que la transformación del sistema procesal penal federal, pendiente desde 2014, “no puede bajo ningún aspecto verse condicionada ni impedida por motivos de índole edilicia o tecnológica que se acumulan desde hace décadas”. Es un sinceramiento brutal: la justicia no está lista. Faltan edificios, falta tecnología, falta, en definitiva, la infraestructura necesaria para poner en marcha una reforma de esta magnitud.
Pero la culpa, según el ministerio, no es propia. Apunta a la “falta de previsión en la administración del presupuesto asignado a los órganos que integran el sistema de justicia federal”. Un dardo directo al corazón del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, a quienes parece endilgarles la responsabilidad por las demoras. La resolución también menciona la necesidad de una “organización eficiente y sistemática de los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles”, así como una “gestión ágil, coordinada y eficaz de los procedimientos administrativos internos”. Un llamado de atención a todos los actores involucrados en la reforma.
Para entender la magnitud de lo que está en juego, es necesario comprender qué es el sistema acusatorio y en qué se diferencia del sistema inquisitivo que, con matices, todavía rige en gran parte de la justicia penal federal. En el sistema inquisitivo, el juez tiene un rol protagónico: investiga, acusa y juzga. Es una figura omnipotente que concentra un enorme poder.
El sistema acusatorio, en cambio, propone una clara división de roles. El fiscal es el encargado de la investigación y de la acusación. La defensa, por su parte, se ocupa de proteger los derechos del imputado. Y el juez, como un tercero imparcial, dirige el debate y dicta sentencia. Es un sistema que busca garantizar la igualdad de armas entre la acusación y la defensa y que pone el acento en la oralidad, la publicidad y la inmediación de la prueba.
La implementación del sistema acusatorio en Argentina ha sido un proceso largo y sinuoso. El nuevo Código Procesal Penal Federal fue aprobado en 2014, pero su entrada en vigencia ha sido gradual y heterogénea. Algunas jurisdicciones, como Salta y Jujuy, fueron pioneras en su implementación. Otras, como la justicia federal de la Capital Federal, han quedado rezagadas.
Esta coexistencia de regímenes procesales distintos, según admite el propio Ministerio de Justicia, genera “problemas normativos y operativos que obstaculizan el funcionamiento del sistema de justicia e impiden la implementación de una política de persecución penal estratégica, coherente y eficiente”. La postergación, en este contexto, puede ser vista como un mal necesario: una pausa para ordenar la casa y garantizar que, cuando el sistema finalmente se ponga en marcha, lo haga de manera sólida y coordinada.
A continuación, se transcribe la parte más relevante de la resolución del Ministerio de Justicia, donde se exponen los fundamentos de la postergación:
> “la transformación del sistema procesal penal federal, pendiente desde 2014, no puede bajo ningún aspecto verse condicionada ni impedida por motivos de índole edilicia o tecnológica que se acumulan desde hace décadas”.
>
> “Las deficiencias en infraestructura son el resultado de la falta de previsión en la administración del presupuesto asignado a los órganos que integran el sistema de justicia federal”.
La resolución del Ministerio de Justicia no solo posterga la implementación del sistema acusatorio en la Capital Federal, sino que también fija nuevos plazos para otras jurisdicciones. En la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, el nuevo sistema comenzará a regir el 16 de marzo de 2026. Y en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el 18 de mayo de 2026.
Estos nuevos plazos, si bien lejanos, marcan un horizonte y renuevan el compromiso del Poder Ejecutivo con la reforma. Sin embargo, los desafíos siguen siendo enormes. Será necesario, en los próximos meses, realizar una fuerte inversión en infraestructura y tecnología. Será fundamental, también, capacitar a los jueces, fiscales, defensores y empleados judiciales en las nuevas lógicas y prácticas del sistema acusatorio.
El éxito de la reforma dependerá, en gran medida, de la voluntad y el compromiso de todos los actores judiciales. Es necesario dejar de lado las resistencias al cambio y trabajar de manera coordinada para superar los obstáculos. La Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General y el Ministerio Público de la Defensa tienen una responsabilidad histórica en este proceso.
La sociedad, por su parte, también tiene un rol que jugar. Es necesario que los ciudadanos se apropien de esta reforma, que la conozcan, que la discutan y que exijan su cumplimiento. Porque un sistema de justicia más ágil, transparente y eficaz no es solo un anhelo de los abogados, sino un derecho de todos.
1. ¿Qué es el sistema acusatorio?
Es un sistema de enjuiciamiento penal en el que el fiscal investiga y acusa, la defensa protege al imputado y el juez, como un tercero imparcial, dicta sentencia.
2. ¿Qué es el sistema inquisitivo?
Es un sistema en el que el juez concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar.
3. ¿Cuándo se aprobó el nuevo Código Procesal Penal Federal?
Se aprobó en 2014, pero su implementación ha sido gradual.
4. ¿Por qué se postergó la implementación en la Capital Federal?
Según el Ministerio de Justicia, por problemas de infraestructura y falta de coordinación entre los distintos órganos judiciales.
5. ¿Cuándo entrará en vigencia el nuevo sistema en la Capital Federal?
La nueva fecha es el 10 de noviembre de 2025.
6. ¿Qué se necesita para que la reforma sea exitosa?
Inversión en infraestructura, capacitación de los actores judiciales y un fuerte compromiso de todos los poderes del Estado.
La postergación de la implementación del sistema acusatorio en la justicia penal federal es una noticia agridulce. Por un lado, evidencia las dificultades y las resistencias que enfrenta una reforma tan profunda y necesaria. Por otro, nos da una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, para planificar con seriedad y para garantizar que, cuando el nuevo sistema finalmente vea la luz, lo haga con la solidez y el consenso que una transformación de esta magnitud requiere.
El camino hacia una justicia penal más moderna, ágil y transparente es largo y sinuoso. Pero es un camino que, como sociedad, no podemos abandonar. La reforma procesal penal es un desafío impostergable, una deuda que tenemos con nosotros mismos y con las generaciones futuras.