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¿Qué sucede cuando el auto nuevo que adquiriste presenta fallas estructurales desde el primer día?
En el ámbito del derecho del consumidor, la adquisición de un vehículo cero kilómetro suele ser considerada una inversión significativa, tanto desde el punto de vista financiero como emocional. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el vehículo que se ha comprado con esfuerzo presenta fallas que afectan su funcionamiento y seguridad desde el inicio? Este es el caso que abordaremos en el presente artículo, basado en un fallo reciente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 41ª Nominación de Córdoba, donde una propietaria se vio obligada a recurrir a la justicia para obtener una solución justa y acorde a sus derechos.
El caso que nos ocupa involucra la compra de un vehículo Fiat Toro por parte de una consumidora que había optado por un plan de ahorro para adquirir su tan ansiado automóvil nuevo. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de satisfacción, se convirtió en una larga batalla legal debido a las fallas técnicas que presentaba el vehículo, en particular, relacionadas con el filtro de partículas diésel (DPF).
El DPF es un componente crítico en vehículos diésel modernos, diseñado para reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, en este caso, el DPF del Fiat Toro presentó serios problemas que afectaron el uso del vehículo, especialmente en entornos urbanos. La falta de información adecuada y la insuficiencia en la comunicación de las características y limitaciones de este sistema fueron el detonante de la controversia.
La propietaria del vehículo denunció que nunca se le informó de manera clara y completa sobre las particularidades del DPF y su inadecuación para un uso predominantemente urbano. Ni la publicidad de Fiat ni la concesionaria MOTCOR S.A. ofrecieron detalles suficientes sobre las limitaciones de este tipo de vehículos en un contexto urbano, lo que llevó a la consumidora a tomar una decisión de compra basada en información incompleta y confusa.
Ante esta situación, la consumidora decidió presentar una demanda contra FCA Automobiles Argentina S.A., fabricante del vehículo, y la concesionaria MOTCOR S.A. En su demanda, solicitó la sustitución del vehículo defectuoso por otro 0 km sin fallas, o en su defecto, la devolución del dinero pagado, además de una indemnización por daño moral y daño punitivo.
El juez a cargo, Roberto Lautaro Cornet, falló a favor de la demandante, determinando que el vehículo presentaba una falla estructural sin solución y que existió un claro incumplimiento del deber de información por parte de las demandadas. El fallo incluyó la condena a FCA Automobiles Argentina S.A. y MOTCOR S.A. a recomprar el vehículo defectuoso y pagar una indemnización por daño moral, además de una sanción por daño punitivo equivalente a 21 canastas básicas totales para el hogar, según lo publicado por el INDEC.
En Argentina, el derecho del consumidor está protegido por la Ley 24.240, que establece el deber de los proveedores de brindar información clara, precisa y detallada sobre los productos y servicios que ofrecen. En este caso, tanto el fabricante como la concesionaria incumplieron este deber, lo que indujo a la consumidora a cometer un error esencial en su decisión de compra.
El daño moral es una figura jurídica que busca resarcir los sufrimientos y molestias que padece una persona a raíz de un hecho ilícito. En este caso, el juez consideró que el incumplimiento de las demandadas generó un daño moral a la consumidora, por lo que ordenó una compensación económica.
El daño punitivo, por su parte, es una sanción adicional que tiene como objetivo disuadir a las empresas de incurrir en conductas similares en el futuro. La condena a Fiat incluyó una multa significativa, subrayando la gravedad del incumplimiento del deber de información y la responsabilidad de las empresas en garantizar la calidad y seguridad de sus productos.
Este fallo es un precedente importante en la defensa de los derechos de los consumidores, especialmente en el sector automotriz. Refuerza la obligación de las empresas de brindar información completa y precisa sobre los productos que comercializan y garantiza que los consumidores tengan acceso a los recursos legales necesarios para proteger sus derechos.
El caso de la Fiat Toro y su DPF defectuoso es un recordatorio contundente de las responsabilidades que tienen las empresas hacia sus clientes y de la importancia de un sistema judicial que actúe en defensa de los derechos del consumidor. Este fallo no solo recompone el daño sufrido por la consumidora, sino que también envía un mensaje claro a la industria automotriz sobre la importancia de la transparencia y la calidad en la comercialización de vehículos.