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¿Cómo puede la ingeniería social llevar a la ruina financiera a los usuarios de marketplaces online?
En el contexto de la creciente digitalización y uso de plataformas en línea para la compra y venta de bienes, los delitos cibernéticos han encontrado un terreno fértil para expandirse. El caso que nos ocupa en este artículo es un claro ejemplo de cómo una práctica fraudulenta, conocida como vishing (phishing por voz), puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas, no solo en términos de pérdida económica, sino también en su reputación financiera y su relación con las entidades bancarias y comerciales.
Una pareja argentina fue víctima de un sofisticado fraude por parte de un delincuente que, bajo la fachada de un comprador interesado, utilizó técnicas de manipulación para vaciar sus cuentas bancarias y generar créditos a su nombre. Este artículo analiza en detalle el desarrollo del caso, la respuesta judicial y las implicaciones legales para las plataformas involucradas, como Mercado Libre y Banco Galicia.
La historia comienza con la intención de una mujer de vender un tractor a través de la sección Marketplace de Facebook. La estafa se desató cuando un supuesto comprador, que resultó ser un ciberdelincuente, se puso en contacto con ella simulando un interés genuino en la maquinaria. Lo que siguió fue un claro ejemplo de cómo los delincuentes utilizan la ingeniería social para explotar la falta de conocimiento técnico y la confianza de los usuarios.
El delincuente, después de fingir el pago de una reserva de $700.000, solicitó a la víctima detalles sensibles como el alias y el CBU de su cuenta de Mercado Pago. Aprovechando la falta de experiencia de la víctima, el estafador logró que ella realizara múltiples validaciones biométricas, que en realidad estaban diseñadas para vaciar su cuenta y tomar un préstamo de $50.000 en su nombre.
Los detalles del caso revelan una táctica comúnmente utilizada por los estafadores en línea: crear un escenario de urgencia que presiona a la víctima a actuar rápidamente sin cuestionar las instrucciones. El supuesto comprador alegó problemas en la cuenta de la víctima, lo que lo llevó a solicitar validaciones adicionales que, en realidad, eran transferencias disfrazadas. Esta manipulación resultó en la pérdida de $156.000 a través de Mercado Pago y otros $3.750.000 desde su cuenta bancaria.
Este patrón de comportamiento, donde se repiten solicitudes de validación bajo la excusa de solucionar problemas técnicos, es una técnica bien conocida en el ámbito del fraude digital. El delincuente crea una narrativa convincente que desarma a la víctima, quien, al sentirse presionada, no logra identificar la estafa hasta que es demasiado tarde.
Uno de los aspectos más cruciales del caso es la responsabilidad de las instituciones financieras y las plataformas digitales involucradas. La pareja afectada no solo perdió dinero de su cuenta de Mercado Pago, sino que también sufrió una importante merma en su cuenta bancaria en Banco Galicia. Tras ser alertados por su hija, los afectados procedieron a realizar las denuncias pertinentes y, posteriormente, iniciaron una demanda legal.
En su demanda, solicitaron al Juzgado Comercial N° 28 una medida cautelar para evitar que el banco continuara debitando los préstamos generados por el estafador y que Mercado Libre suspendiera las operaciones relacionadas con las transferencias fraudulentas. El juez subrogante, Jorge S. Sicoli, dio lugar a esta medida, ordenando a Banco Galicia y a Mercado Libre restituir las sumas y abstenerse de cualquier acción adicional en contra de los demandantes.
El fallo de la justicia es de gran importancia porque establece un precedente sobre la responsabilidad que tienen las plataformas y las entidades bancarias en la protección de los usuarios frente a fraudes. El juez Sicoli destacó que, en situaciones de fraude cibernético, no es el consumidor, sino las empresas que operan profesionalmente, quienes deben extremar los recaudos de seguridad para prevenir este tipo de situaciones.
Este fallo subraya la aplicación de la función preventiva de la responsabilidad civil, tal como lo regula el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN). En esencia, establece que las entidades financieras y las plataformas de comercio electrónico tienen el deber de implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger a sus usuarios contra estafas y fraudes, dado que estos operan en un entorno donde las relaciones de consumo son asimétricas.
Este caso es paradigmático en cuanto a las implicaciones que tiene para el derecho civil y comercial en Argentina. Primero, refuerza la necesidad de que las plataformas digitales y los bancos asuman un rol más activo en la prevención de fraudes, especialmente en un contexto donde los usuarios pueden ser víctimas de técnicas sofisticadas de ingeniería social.
Además, establece que en la relación de consumo, la carga de extremar medidas de seguridad no puede recaer exclusivamente sobre los consumidores. Las empresas que proporcionan servicios financieros o de comercio electrónico deben ser diligentes en monitorear y prevenir actividades sospechosas que puedan perjudicar a sus clientes.
El fallo también invita a una reflexión sobre las responsabilidades compartidas y la necesidad de mejorar la educación digital de los consumidores, así como de desarrollar tecnologías más avanzadas para detectar y prevenir fraudes.
El caso de fraude en el Marketplace de Facebook que involucró a Banco Galicia y Mercado Libre es un claro recordatorio de los peligros que acechan en el comercio electrónico y la importancia de la protección legal en estos escenarios. El fallo judicial no solo protege a las víctimas de estafas, sino que también establece un precedente crucial para la responsabilidad de las plataformas y bancos en prevenir este tipo de delitos.
La jurisprudencia que se deriva de este caso podría servir como base para futuras demandas relacionadas con fraudes cibernéticos, reforzando la necesidad de una mayor diligencia por parte de las empresas que operan en el ecosistema digital. Mientras tanto, los consumidores deben permanecer vigilantes y educados sobre los riesgos inherentes a las transacciones en línea.