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La digitalización de los servicios bancarios nos ha traído una comodidad sin precedentes. Transferencias, pagos y hasta la solicitud de préstamos están ahora al alcance de un clic. Pero esta revolución tecnológica tiene una cara B, un lado oscuro que a menudo ignoramos: la creciente vulnerabilidad de aquellos que, por edad, formación o condición socioeconómica, no logran seguirle el ritmo. Son los “hipervulnerables digitales”, ciudadanos para quienes un smartphone puede convertirse en una puerta de entrada a la ruina financiera.
Un reciente y ejemplar fallo del Juzgado Federal de La Rioja pone el foco precisamente en esta problemática. Al dictar una medida cautelar que ordena al Banco de la Nación Argentina suspender por seis meses el cobro de un préstamo generado por una estafa de phishing a un jubilado de 78 años, la justicia envía un mensaje contundente. No se trata solo de un caso de fraude electrónico más; es el reconocimiento explícito de que no todos los consumidores son iguales y que las obligaciones de las entidades financieras se agigantan frente a quienes se encuentran en una situación de especial debilidad.
Este artículo se sumergirá en el análisis de esta decisión, que sirve como una guía práctica sobre cómo el derecho del consumidor se está adaptando para proteger a los más frágiles. Desglosaremos la figura del consumidor hipervulnerable, el reforzado deber de seguridad que pesa sobre los bancos en el entorno digital y el rol crucial de las medidas cautelares como un escudo de protección inmediata. Este fallo no solo trae alivio a una víctima concreta, sino que ilumina el camino que deben seguir los tribunales para que la transformación digital no deje a nadie atrás.
La historia de R.A.D.L., el jubilado riojano, es un triste reflejo de un modus operandi que se repite a diario en todo el país. Comprender la mecánica del engaño es clave para entender la responsabilidad del banco.
Todo comenzó con una acción cotidiana: el hombre de 78 años intentó hacer una compra en Mercado Libre. Sin embargo, se topó con una barrera digital que para muchos es trivial, pero para él fue insuperable: no comprendía cómo cargar la fotografía de su DNI en la plataforma. Ese mismo día, como caídos del cielo, recibió un llamado por WhatsApp. Del otro lado de la línea, una persona se identificó como un supuesto empleado del sitio de compras, ofreciéndole amablemente su ayuda para solucionar el problema.
Este es el primer anzuelo de la ingeniería social: el estafador detecta o crea una necesidad y se presenta como la solución. Le envió un enlace por mensaje, una práctica clásica de phishing.
El jubilado, confiando en la supuesta ayuda, hizo clic en el enlace y, siguiendo instrucciones, envió un código que le llegó. El paso final del engaño fue indicarle que debía ingresar a la aplicación de su banco (Banco Nación) y modificar su contraseña. Con esta secuencia de acciones, los estafadores obtuvieron el control total de su home banking.
El resultado fue devastador. En cuestión de minutos, los delincuentes solicitaron un préstamo a su nombre y realizaron múltiples transferencias a otras cuentas, vaciando los fondos. El perjuicio económico total se estimó en $1,771,000. Una vida de ahorros y la tranquilidad de una jubilación, esfumadas por un clic.
A pesar de que la víctima realizó inmediatamente la denuncia policial y la presentó ante el banco, la entidad financiera continuó, mes a mes, descontando de su haber jubilatorio las cuotas del préstamo que él nunca solicitó. El banco se aferró a la formalidad de la operación digital, ignorando las abrumadoras evidencias del fraude y la desesperada situación de su cliente.
La decisión del juez Daniel Herrera Piedrabuena es un soplo de aire fresco y un ejemplo de cómo los jueces pueden y deben actuar con sensibilidad y celeridad en estos casos.
El concepto central del fallo es el de “extrema hipervulnerabilidad”. El juez no vio simplemente a un cliente, vio a una persona con características que lo ponían en una situación de debilidad manifiesta frente al banco y a los estafadores. Enumeró estas condiciones:
* Avanzada edad (78 años): Lo que presume una menor familiaridad con la tecnología digital (brecha etaria).
* Condiciones de salud.
* Grave situación socioeconómica: Bajos ingresos jubilatorios, lo que significa que el descuento de las cuotas tenía un impacto devastador en su subsistencia.
Esta calificación no es un mero adorno retórico. La categoría de “consumidor hipervulnerable”, reconocida por la Resolución 139/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, impone a los proveedores obligaciones adicionales y exige a los jueces una mirada protectora más intensa.
Si para cualquier consumidor el banco tiene un deber de seguridad (garantizar que las operaciones sean seguras), para un consumidor hipervulnerable, ese deber se agiganta. El juez cuestionó la eficacia de las medidas de seguridad del Banco Nación. Si el sistema permitió que en un corto lapso de tiempo se solicitara un préstamo y se transfiriera todo el dinero desde la cuenta de un jubilado, que probablemente tenía un perfil transaccional bajo, es porque las alarmas y los controles de fraude del banco no funcionaron o fueron insuficientes.
La responsabilidad de los bancos en casos de phishing es objetiva y se basa en el riesgo de su propia actividad. La entidad financiera, al ofrecer servicios digitales, crea un riesgo del cual se beneficia, y por lo tanto, debe responder por los daños que ese riesgo genere, salvo que pruebe la culpa exclusiva de la víctima, algo que en estos casos de engaño sofisticado es muy difícil de acreditar.
El juez entendió que no podía esperar a una sentencia definitiva, que podría tardar años. El daño se estaba produciendo mes a mes con cada descuento. Por eso, dictó una medida cautelar, analizando que:
* La verosimilitud del derecho era alta: La denuncia penal, la mecánica de la estafa y la hipervulnerabilidad del actor hacían muy probable que tuviera razón.
* El peligro en la demora era evidente: Continuar con los descuentos afectaba directamente el derecho alimentario del jubilado.
* La medida era proporcional: Suspender los cobros por seis meses no generaba un perjuicio grave a una entidad solvente como el Banco Nación, pero sí representaba un alivio inmenso para la víctima.
Por ello, ordenó la suspensión inmediata de los descuentos, una medida temporal pero vital para la subsistencia del damnificado.
1. ¿Qué es el “phishing”?
Es una técnica de ciberdelincuencia que utiliza el engaño (ingeniería social) para obtener información privada y sensible de las víctimas, como contraseñas o datos de tarjetas de crédito. Generalmente, el estafador se hace pasar por una empresa o persona de confianza y envía un enlace a un sitio web falso que imita al real.
2. ¿Si soy víctima de una estafa así, el banco siempre me tiene que devolver el dinero?
La responsabilidad del banco es la regla. Las entidades financieras tienen un deber de seguridad profesional y deben contar con mecanismos para prevenir y detectar fraudes. Para eximirse, el banco debería probar que el cliente actuó con una negligencia grave o dolo, lo cual es difícil cuando hay un engaño de por medio. Este fallo refuerza esa responsabilidad.
3. ¿Qué es un “consumidor hipervulnerable”?
Es una categoría especial dentro del derecho del consumidor que identifica a aquellas personas que, por motivos de edad, género, estado físico o mental, o circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, se encuentran en una situación de particular debilidad o indefensión en una relación de consumo.
4. ¿Qué debo hacer si soy víctima de una estafa bancaria?
Primero, contactar inmediatamente al banco por todos los medios posibles para denunciar la estafa y desconocer las operaciones. Segundo, realizar la denuncia penal en la comisaría o fiscalía más cercana. Tercero, guardar toda la evidencia (capturas de pantalla, mensajes, correos). Cuarto, hacer el reclamo formal ante el banco y, si no hay respuesta, ante Defensa del Consumidor y considerar la vía judicial con un abogado.
5. ¿Por qué la medida cautelar es solo por seis meses?
Porque las medidas cautelares son, por naturaleza, temporales. Se dictan para evitar un daño mayor mientras se tramita el juicio principal (en este caso, el juicio por la nulidad del préstamo). El plazo de seis meses es un tiempo prudencial que el juez consideró razonable, pero puede ser prorrogado si el juicio principal aún no ha concluido.
6. ¿La edad es el único factor para ser considerado hipervulnerable?
No. La edad avanzada es uno de los factores más comunes, pero no el único. También pueden ser considerados hipervulnerables, por ejemplo, personas con discapacidad, migrantes con barreras idiomáticas, personas en situación de pobreza extrema, o miembros de comunidades originarias, entre otros. Se analiza caso por caso.
El fallo del Juzgado Federal de La Rioja es mucho más que una simple victoria para un jubilado estafado. Es un faro que ilumina el camino de la justicia en la era digital. Nos enseña que la ley no puede ser ciega a las desigualdades y que el concepto de “consumidor” debe ser flexible y adaptarse a las realidades de cada persona. La figura del consumidor hipervulnerable no es un capricho académico, sino una herramienta jurídica de primer orden para nivelar un campo de juego que, de por sí, es desigual.
Esta decisión le recuerda a las poderosas entidades financieras que su deber de seguridad no se agota en implementar un sistema de home banking. Deben educar, proteger activamente y, sobre todo, responder con empatía y celeridad cuando uno de sus clientes, especialmente uno vulnerable, cae en las garras de los estafadores. La justicia, en este caso, no solo reparó una injusticia, sino que construyó un pequeño pero sólido dique de contención contra la marea del fraude digital, protegiendo a quienes más lo necesitan.