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La inteligencia artificial ha dejado de ser un concepto de ciencia ficción para convertirse en una realidad que moldea industrias enteras. El mundo del derecho, a menudo percibido como tradicional y reacio al cambio, no es inmune a esta revolución. Pero, ¿puede una máquina, un algoritmo, participar en la sagrada tarea de impartir justicia? ¿Estamos a las puertas de un futuro con “jueces robot”? Una reciente y audaz sentencia proveniente de México, firmada por el juez Juan Jaime González Varas, nos ofrece una respuesta matizada, pragmática y, sobre todo, innovadora: la IA puede ser una poderosa aliada, siempre y cuando se entienda su rol como herramienta y no como sustituto del juicio humano.
El caso en cuestión, que resolvió una queja sobre el cálculo de una garantía en un juicio de amparo, pasará a la historia no tanto por su fondo jurídico, sino por su forma. El juez no solo utilizó una herramienta de inteligencia artificial para realizar los cálculos numéricos necesarios, sino que tuvo la transparencia de incluir en la propia sentencia el prompt (la instrucción) que le dio a la IA. Este acto de honestidad intelectual y metodológica abre un debate fascinante y necesario sobre el futuro de la práctica legal y la administración de justicia.
En este artículo, desglosaremos este fallo pionero para explorar cómo la IA puede integrarse de manera ética y eficiente en los procesos judiciales. Analizaremos la distinción crucial entre el “núcleo decisorio” (exclusivo del juez) y las “tareas de apoyo” (delegables en la tecnología), y destacaremos la importancia de la trazabilidad y la auditabilidad para garantizar el debido proceso. Lejos de ser una amenaza, este fallo sugiere que la IA, bien utilizada, puede liberar a los jueces de tareas mecánicas para que puedan enfocarse en lo que verdaderamente importa: la valoración jurídica y la búsqueda de la solución más justa.
El origen del debate fue un problema bastante común en los tribunales: la determinación del monto de una garantía. Sin embargo, la solución que encontró el tribunal fue todo menos común.
La historia comienza en un juicio sucesorio. Las albaceas (administradoras de la herencia) interpusieron un amparo indirecto, una figura del derecho mexicano similar a nuestro amparo, para proteger ciertos inmuebles que consideraban parte del acervo hereditario. El juzgado de distrito, como es habitual en estos casos para proteger a la contraparte de los posibles daños que la medida pudiera causar, les fijó una garantía económica.
Las albaceas no estuvieron de acuerdo con el monto y presentaron un recurso de queja, argumentando que el cálculo de esa garantía carecía de parámetros objetivos. Sostenían que el monto parecía arbitrario y no estaba debidamente fundamentado. Esta es una queja recurrente de los litigantes: la sensación de que los cálculos complejos, como actualizaciones por inflación o aplicación de tasas de interés, a veces se realizan de manera opaca.
El Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver la queja, no solo se expidió sobre el fondo del asunto, sino que aprovechó la oportunidad para sentar una tesis innovadora. Reconoció que las herramientas de inteligencia artificial pueden ser empleadas válidamente en los procesos judiciales para realizar tareas de razonamiento numérico.
La resolución fue enfática en establecer la premisa fundamental: “su utilización no sustituye la labor de las personas juzgadoras, sino que facilitan y eficientizan la administración de justicia”. El tribunal identificó una serie de tareas donde la IA puede ser de gran ayuda: actualización de valores, aplicación de tasas de interés, ponderación de plazos, etc. Es decir, todas aquellas operaciones matemáticas que son indispensables para la correcta fundamentación de una resolución, pero que no constituyen el corazón de la decisión jurídica.
Lo que eleva a este fallo a la categoría de “paradigmático” es un detalle que podría parecer menor, pero que es conceptualmente revolucionario: el juez incluyó en el texto de la sentencia el prompt exacto que utilizó para guiar a la inteligencia artificial.
Un prompt es, simplemente, la instrucción en lenguaje natural que se le da a un modelo de IA para que realice una tarea. Por ejemplo: “Calcula el interés compuesto de un capital de $10,000 a una tasa del 5% anual durante 36 meses”.
Al incluir el prompt, el juez garantizó dos principios esenciales de la justicia digital:
1. Trazabilidad: Permite a las partes y a cualquier observador seguir el rastro del razonamiento. Se puede ver exactamente qué le preguntó el juez a la máquina.
2. Verificabilidad y Auditabilidad: Cualquiera puede tomar ese mismo prompt, introducirlo en una herramienta de IA similar y verificar si el resultado es el mismo. Permite auditar el proceso, controlando tanto la pregunta como la respuesta. Se elimina la “caja negra” y se reemplaza por un procedimiento transparente.
Este acto transforma a la IA de una ayuda mágica y opaca a un asistente auditable, un perito calculista cuya metodología está a la vista de todos.
El magistrado González Varas fue muy cuidadoso en distinguir entre el núcleo esencial de la función jurisdiccional y las tareas accesorias. La valoración de la prueba, la interpretación de la ley, la ponderación de los derechos en juego y la decisión final sobre quién tiene razón, son parte de ese núcleo indelegable que pertenece exclusivamente al juez.
Sin embargo, los cálculos matemáticos, aunque necesarios para motivar la sentencia, son una tarea de apoyo. Delegar esta tarea en una IA no es más que la evolución natural de usar una calculadora, una planilla de cálculo o un sistema de gestión judicial. Como bien dice el fallo, esto permite a los jueces liberar tiempo y recursos mentales para enfocarse en el análisis sustantivo del caso, mejorando la calidad y la eficiencia de la justicia.
La sentencia enumera una serie de ventajas concretas que aporta el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito judicial:
* Eficiencia Procesal: Automatiza tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo.
* Reducción de Errores: Las máquinas son extremadamente precisas en cálculos matemáticos, minimizando el riesgo de errores humanos.
* Estandarización y Previsibilidad: Ayuda a aplicar criterios de cálculo uniformes en casos similares, fortaleciendo la seguridad jurídica.
* Transparencia y Motivación Reforzada: Como se vio en el caso, permite mostrar de manera clara y auditable cómo se llegó a un resultado numérico, robusteciendo la fundamentación del fallo.
1. ¿Significa esto que los jueces serán reemplazados por robots?
No, en absoluto. Este fallo refuerza la idea contraria. La IA es una herramienta de asistencia. La decisión final, la interpretación de la ley y la valoración de las circunstancias humanas del caso siguen siendo una atribución exclusiva e insustituible del juez.
2. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial se equivoca en el cálculo?
La responsabilidad final siempre es del juez que firma la sentencia. Por eso es crucial la auditabilidad. Las partes pueden y deben controlar los resultados de la IA, y si detectan un error, pueden impugnarlo como lo harían con cualquier otro error de cálculo en una sentencia.
3. ¿Se está usando la IA en la justicia argentina?
Sí, aunque de manera incipiente y no tan explícita como en este fallo mexicano. Se utilizan sistemas como “Prometea” en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires para automatizar la elaboración de dictámenes en casos repetitivos, y varios poderes judiciales están explorando herramientas de IA para la búsqueda de jurisprudencia, la anonimización de documentos y la gestión de expedientes.
4. ¿Cualquier juez puede empezar a usar ChatGPT para sus sentencias?
Potencialmente, sí, pero debe hacerlo con extrema responsabilidad, como en el caso analizado. Debe usarlo para tareas de apoyo, verificar los resultados, garantizar la transparencia (idealmente, citando el prompt) y nunca delegar su criterio jurídico. Además, debe tener cuidado con la confidencialidad de los datos del expediente.
5. ¿Qué es la “justicia digital”?
Es un concepto amplio que se refiere a la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la administración de justicia. Incluye desde el expediente electrónico y las notificaciones digitales hasta el uso de herramientas más avanzadas como la inteligencia artificial, con el objetivo de hacer la justicia más accesible, eficiente, transparente y moderna.
6. ¿Qué es un “juicio de amparo” en México?
Es una de las acciones judiciales más importantes del derecho mexicano. Sirve para proteger los derechos humanos de las personas contra actos de autoridad que los violen. Es un mecanismo de control de la constitucionalidad y convencionalidad de las leyes y actos del Estado, similar en sus objetivos a nuestro juicio de amparo.
El fallo del juez González Varas no es una anécdota tecnológica, sino un manifiesto sobre el futuro de la profesión legal. Nos enseña que el camino no es temer a la inteligencia artificial, sino abrazarla con inteligencia, estableciendo reglas claras y manteniendo siempre el control humano. La idea no es una “justicia artificial”, sino una “justicia aumentada”, donde la tecnología potencia las capacidades del juez, no las reemplaza.
Al tener la valentía de transparentar el uso de la IA en su sentencia, este tribunal mexicano ha prestado un servicio invaluable a la comunidad jurídica global. Ha demostrado que la eficiencia y la innovación pueden ir de la mano de la transparencia y el respeto por las garantías procesales. La máquina puede sumar, restar y calcular a una velocidad asombrosa, pero la tarea de ponderar, valorar y, en última instancia, decidir qué es justo, sigue y seguirá estando, afortunadamente, en manos humanas.