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¿Cómo afecta la libertad de expresión en redes sociales a la responsabilidad por daño moral en contextos de crisis sanitaria?
En tiempos de crisis, las redes sociales se han convertido en una plataforma crucial para la expresión de opiniones y la difusión de información. Sin embargo, la delgada línea entre la libertad de expresión y el daño moral ha sido objeto de debate judicial en múltiples ocasiones. Un reciente fallo del Juzgado de Competencia Múltiple de Corral de Bustos, en la causa “Municipalidad de Colonia Italiana y otro c/ Bruno Bessone, Mónica Gabriela”, arroja luz sobre este delicado equilibrio en el contexto de la pandemia de COVID-19. Este artículo analizará en profundidad los aspectos legales y sociales de este caso, destacando las implicancias para la libertad de expresión y la responsabilidad extracontractual en Argentina.
La pandemia de COVID-19 ha desafiado a gobiernos y comunidades a nivel global, y Argentina no ha sido la excepción. En este contexto, la distribución de vacunas se convirtió en un tema sensible y altamente debatido. En la localidad de Colonia Italiana, provincia de Córdoba, las críticas surgidas en redes sociales llevaron a una disputa legal cuando una ciudadana, bajo seudónimos, expresó públicamente su desacuerdo con el manejo del plan de vacunación.
Durante la crisis sanitaria, una vecina de Colonia Italiana utilizó Facebook para denunciar irregularidades en la distribución de vacunas. Usando diferentes seudónimos, acusó al municipio de favorecer a personas jóvenes en detrimento de grupos prioritarios como profesionales de la salud y ancianos. Uno de sus posteos, citado en el fallo, decía: “Vacunagate, donde???. Aca nomas Col.italiana. Gente de 20, de 30 años. Vacunados. Por pertenecer. Y los profesionales, abuelos, maestros ni una dosis obtuvieron, que País”.
Ante estas acusaciones, la Municipalidad de Colonia Italiana y su intendente demandaron a la ciudadana, reclamando una indemnización de 489.700 pesos por daño moral. Argumentaron que las publicaciones en Facebook habían perjudicado su honor y reputación.
El municipio y el intendente sostuvieron que las acusaciones de la demandada en las redes sociales habían causado un perjuicio significativo a su honor. Argumentaron que las publicaciones eran falsas, dañinas y realizadas con la intención de desmerecer la labor del municipio y su jefe comunal en un momento crítico para la salud pública.
El juez Claudio Daniel Gómez rechazó la demanda, considerando que las publicaciones en redes sociales están protegidas por la garantía de la libertad de expresión. En su sentencia, el magistrado argumentó que las opiniones vertidas por la demandada se realizaron en un contexto de temor y preocupación por la pandemia, y que no constituían un ataque directo al honor del intendente ni del municipio.
El juez Gómez enfatizó que las publicaciones debían ser interpretadas en el contexto de la crisis sanitaria, donde el miedo y la desesperación eran sentimientos comunes entre la población. Afirmó que las críticas, aunque severas, formaban parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y protesta, especialmente en un contexto donde las decisiones gubernamentales estaban bajo constante escrutinio público.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la distinción entre hechos y opiniones. El magistrado determinó que los comentarios de la demandada constituían opiniones personales sobre el manejo del sistema vacunatorio, y no afirmaciones de hechos susceptibles de prueba. Por lo tanto, al tratarse de opiniones, no se podía exigir un juicio de veracidad.
En el fallo, se destacó el papel de las redes sociales como plataformas de libre expresión. El juez subrayó que estas publicaciones no eran suficientes para reconocer un agravio moral que mereciera una indemnización, dado que no se probó un daño concreto a la reputación del municipio o del intendente.
El magistrado también señaló que los funcionarios públicos, como el intendente, están sujetos a un mayor grado de escrutinio y críticas debido a su posición. Resaltó que, aunque algunas críticas pueden ser consideradas injustas, forman parte del ejercicio democrático y la libertad de expresión.
El fallo concluyó que no se acreditó daño alguno a la parte actora y que las expresiones de la demandada, aunque despectivas, no superaban el umbral para ser consideradas como un agravio moral indemnizable. Este caso reafirma la protección de la libertad de expresión en redes sociales, incluso cuando las opiniones pueden ser percibidas como críticas o injustas hacia figuras públicas.
Este fallo tiene importantes implicancias para el derecho argentino, especialmente en lo que respecta a la interacción entre la libertad de expresión y el daño moral. En una era donde las redes sociales son un canal dominante de comunicación y protesta, la sentencia sienta un precedente sobre cómo los tribunales interpretan y protegen las opiniones vertidas en estas plataformas.
El derecho a la libertad de expresión está protegido tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales de derechos humanos. Este caso refuerza la idea de que, en democracia, las críticas hacia las autoridades, aunque duras, deben ser toleradas y protegidas.
Aunque el fallo protege la libertad de expresión, también subraya la responsabilidad de los usuarios de redes sociales de no difundir información falsa o injuriosa. La línea entre opinión y difamación es delgada, y este caso sirve como recordatorio de la necesidad de utilizar estas plataformas de manera ética y responsable.
La sentencia también destaca que los funcionarios públicos, debido a su rol y exposición, deben tolerar un mayor grado de críticas y cuestionamientos. Esto es fundamental para la transparencia y el funcionamiento de una democracia saludable.
El fallo del Juzgado de Competencia Múltiple de Corral de Bustos en la causa “Municipalidad de Colonia Italiana y otro c/ Bruno Bessone, Mónica Gabriela” destaca la importancia de la libertad de expresión en las redes sociales y establece un precedente significativo en la protección de las opiniones, incluso cuando son críticas hacia figuras públicas. Este caso subraya la necesidad de balancear el derecho a la protesta y la crítica con la responsabilidad de no difundir información perjudicial, fortaleciendo así el tejido democrático y el respeto a los derechos fundamentales.
