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En los últimos años, los fraudes electrónicos y el phishing han generado un aumento significativo en los reclamos judiciales. Un caso reciente, “T., L. R. c/ Mercado Libre S.R.L. y otro s/ ordinario”, plantea cuestiones cruciales sobre la competencia judicial en la Argentina. En este artículo, exploramos los detalles del caso y la decisión de la justicia comercial.
El actor, un usuario de Mercado Pago y Mercado Libre, sufrió la transferencia no consentida de $542.000 desde su cuenta, además de reclamar $1.000.000 en concepto de daño moral. La causa ingresó inicialmente ante la justicia comercial, pero el magistrado de primera instancia se declaró incompetente, sugiriendo que el caso correspondía a la justicia civil por tratarse de daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito. El actor, en desacuerdo, apeló la decisión.
La Fiscal Gabriela Fernanda Boquín emitió un dictamen crucial en este proceso. Argumentó que el reclamo del actor no sólo buscaba la nulidad de las transacciones no autorizadas y la restitución de los fondos, sino también una indemnización por los daños derivados de maniobras fraudulentas y el incumplimiento del deber de seguridad en una relación de consumo.
Boquín enfatizó que estas cuestiones están estrechamente ligadas a la actividad mercantil de las demandadas, Mercado Pago y Mercado Libre, las cuales tienen un deber contractual de seguridad hacia sus usuarios. Por lo tanto, el caso debía ser tratado por la justicia comercial.
La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, conformada por los jueces Juan R. Garibotto y Pablo Damián Heredia, hizo suyos los argumentos de la Fiscal Boquín. Determinaron que, dado el carácter mercantil de las operaciones de las demandadas y su obligación contractual de seguridad, la justicia comercial era competente para conocer en el caso. Así, revocaron la decisión de primera instancia y declararon competente a la justicia comercial.
El fallo resalta una distinción clave en el derecho argentino: la diferencia entre responsabilidad contractual y extracontractual. Mientras que la primera se deriva del incumplimiento de obligaciones establecidas en un contrato, la segunda surge de daños causados fuera del ámbito contractual. En este caso, se consideró que el deber de seguridad de las demandadas y las operaciones mercantiles involucradas inclinaban la balanza hacia la responsabilidad contractual.
Este fallo tiene importantes implicaciones para usuarios y empresas en el ámbito de las fintech y el comercio electrónico. Refuerza la necesidad de que las plataformas de pago y comercio electrónico mantengan altos estándares de seguridad y protege a los consumidores al clarificar la competencia judicial en casos de phishing y fraude electrónico.
Este caso sienta un precedente significativo para futuros litigios relacionados con fraudes en plataformas digitales. La justicia comercial, al asumir competencia, se posiciona como un foro adecuado para resolver disputas que implican incumplimientos contractuales y maniobras fraudulentas en el contexto del comercio electrónico y las fintech.
1. ¿Qué es el phishing? El phishing es una técnica de fraude electrónico en la que se engaña a los usuarios para que revelen información personal, como contraseñas y detalles de tarjetas de crédito, generalmente a través de correos electrónicos o sitios web falsos.
2. ¿Qué es la responsabilidad contractual? La responsabilidad contractual se refiere a la obligación de cumplir con los términos y condiciones establecidos en un contrato. Si una parte incumple estas obligaciones, puede ser demandada por daños y perjuicios.
3. ¿Qué es la responsabilidad extracontractual? La responsabilidad extracontractual surge de daños causados fuera del ámbito de un contrato, como en casos de accidentes o actos ilícitos que no están relacionados con un acuerdo contractual previo.
4. ¿Cómo afecta este fallo a los usuarios de fintech? Este fallo refuerza la protección de los usuarios al clarificar que las plataformas de fintech tienen una responsabilidad contractual de seguridad hacia sus clientes, y que la justicia comercial es competente para conocer en estos casos.
5. ¿Qué implica la nulidad de una transacción? La nulidad de una transacción implica que dicha operación se considera legalmente inexistente y sin efecto, como si nunca hubiera ocurrido.
6. ¿Qué debe hacer un usuario si sufre un fraude de este tipo? El usuario debe reportar inmediatamente el fraude a la plataforma afectada, cambiar sus contraseñas, y considerar la posibilidad de iniciar un reclamo judicial para la restitución de los fondos y la indemnización por daños y perjuicios.
La decisión de la justicia comercial en el caso “T., L. R. c/ Mercado Libre S.R.L. y otro s/ ordinario” marca un hito en la protección de los consumidores frente a fraudes electrónicos. Este fallo no solo clarifica la competencia judicial en estos casos, sino que también refuerza la responsabilidad contractual de las plataformas de pago y comercio electrónico. A medida que las tecnologías y los métodos de fraude evolucionan, es crucial que las empresas mantengan altos estándares de seguridad y que la justicia siga adaptándose para proteger los derechos de los consumidores.