Bienvenidos a LXForce
- +5492645583108
- Libertador Gral San Martin 559 - E - Capital San Juan Argentina
- contacto@lxforce.com.ar
Bienvenidos a LXForce
El presente artículo analiza el fallo reciente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico, en el cual se hizo lugar al planteo de un consumidor que, al tomar conocimiento de que el modelo del vehículo del plan de ahorro que había suscripto dejaría de fabricarse, solicitó el reembolso inmediato del monto ahorrado. Este caso, que involucra a las empresas DETROIT 1925 S.A. y FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados, plantea cuestiones fundamentales sobre los derechos de los consumidores en los planes de ahorro y la interpretación contractual en un contexto económico caracterizado por la devaluación y la inflación.
El actor, en agosto de 2018, suscribió un contrato con las demandadas para un plan de ahorro destinado a la adquisición de un vehículo modelo JEEP COMPASS SPORT MT 6 4×2. Sin embargo, en octubre de 2020, fue informado de que dicho modelo dejaría de fabricarse. Frente a esta situación, se le ofrecieron tres alternativas: recuperar el monto ahorrado conforme a lo estipulado en el contrato, migrar a un grupo de Jeep Renegade o migrar a un Jeep Compass superior. Inicialmente, el actor optó por la tercera opción, pero luego, al considerar que no se respetaban las condiciones acordadas, solicitó el reembolso inmediato del monto ahorrado.
En primera instancia, el tribunal condenó a las demandadas a reembolsar la suma de $387.397,00, aplicando un interés a “tasa mix” del Banco de La Pampa a partir del 3 de febrero de 2021. Esta solución fue apelada por las partes, lo que llevó a la intervención de la Sala A del Tribunal de Apelaciones.
La Cámara de Apelaciones, al revisar la sentencia, consideró que la devolución del capital histórico más un interés a tasa mixta resultaba injusta, dada la situación económica del país, caracterizada por una inflación persistente y frecuentes devaluaciones. Según los jueces, esta solución desbalanceaba las obligaciones contractuales en detrimento del consumidor, distorsionando las responsabilidades de las demandadas. En su lugar, se decidió calcular la devolución tomando como base el 80% del valor de un vehículo similar al discontinuado, dividido por las cuotas del plan y multiplicado por las cuotas abonadas.
Este fallo pone de manifiesto la importancia de interpretar los contratos de manera que favorezcan al consumidor, especialmente en contextos donde las condiciones económicas cambian drásticamente. La Cámara resaltó que la solución inicial, al aplicar un interés a tasa mix sobre el capital histórico, beneficiaba indebidamente a las empresas demandadas, que podían evitar cumplir sus compromisos, dejando al consumidor en una posición desventajosa.
El fallo enfatiza la necesidad de ajustar la interpretación de los contratos a los principios de equidad y protección de derechos del consumidor. En este sentido, se recuerda la finalidad económico-social del contrato de ahorro previo: durante la fase de ahorro, el objetivo principal es precisamente ahorrar para la adquisición del bien, y si el vehículo no se adjudica, no es justo que se reintegren las sumas ahorradas de forma devaluada.
La sentencia también aborda la problemática de cómo la inflación y la devaluación afectan los contratos de ahorro. La devolución del capital histórico con un interés insuficiente no compensa adecuadamente al consumidor, que ve devaluado su poder adquisitivo. En este contexto, la Cámara optó por una solución más equitativa, basada en el valor actual de un vehículo similar, lo cual refleja una mayor sensibilidad frente a la realidad económica.
Este fallo representa un importante precedente en la defensa de los derechos del consumidor en los planes de ahorro, especialmente en situaciones donde el bien objeto del contrato deja de fabricarse. La Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico no solo corrigió una injusticia, sino que también envió un mensaje claro sobre la necesidad de que los contratos sean interpretados de manera que protejan al consumidor, particularmente en contextos de alta inflación y devaluación.