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En el ajedrez estratégico que es un litigio judicial, cada movimiento cuenta y, lo que es más importante, la inacción tiene consecuencias. Un reciente fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal ha venido a recordarnos una de las reglas más elementales pero a menudo olvidadas del derecho procesal: la responsabilidad de mantener el expediente en movimiento recae, primordialmente, sobre la parte interesada. En una causa de larga data contra la gigante de las telecomunicaciones, Telecom Argentina, el tribunal declaró la caducidad de instancia de un recurso extraordinario federal, aplicando el viejo adagio forense: “recurso dormido, recurso perdido”.
La decisión de la Sala III, firmada por los jueces Florencia Nallar, Fernando Alcides Uriarte y Alfredo Silverio Gusman, no es novedosa en su doctrina, pero sí es un poderoso llamado de atención sobre la diligencia que se espera de los litigantes, especialmente cuando se transitan las vías recursivas excepcionales. El fallo subraya que la mera interposición de un recurso es solo el primer paso; el verdadero desafío es mantenerlo con vida a través del impulso procesal constante.
El caso en cuestión es “García, Gustavo Javier y otros c/ Telecom Argentina S.A. y otro s/ Programas de Propiedad Participada”, una causa que data del año 2007. Dentro de este complejo proceso, Telecom Argentina había interpuesto un recurso extraordinario federal, la vía procesal más importante para cuestionar una sentencia y llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, tras la presentación del recurso, el expediente entró en un letargo. La empresa recurrente no realizó ninguna actividad procesal tendiente a que su impugnación avanzara hacia la siguiente etapa. Ante esta parálisis, la parte contraria solicitó que se decretara la caducidad de la segunda instancia, una figura procesal que funciona como una sanción para el litigante negligente.
La Cámara Federal acogió el planteo y declaró la perención del recurso. El fundamento central de su decisión es un principio cardinal del derecho procesal civil: la carga de “instar el procedimiento” o, en otras palabras, de realizar los actos necesarios para que el proceso no se detenga, pesa sobre las partes.
El tribunal fue muy claro al respecto: no es suficiente con presentar un escrito o interponer un recurso. El litigante que tiene interés en que el juicio avance debe ser el motor del expediente. Esta obligación se acentúa en la etapa recursiva, donde se presume que quien ha apelado es el principal interesado en obtener una revisión de la sentencia que le fue adversa.
La Cámara recordó que la caducidad de instancia (también conocida como perención) es un modo anormal de terminación del proceso que se produce por la inactividad de las partes durante un período de tiempo establecido por la ley. En el caso de la segunda instancia, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece un plazo de tres meses. Si durante ese lapso no se realiza ningún “acto impulsorio”, la instancia “caduca”, es decir, se extingue, y la resolución recurrida queda firme.
Esta es una de las preguntas clave que el fallo ayuda a responder. No cualquier escrito o presentación sirve para interrumpir el plazo de caducidad. Se requiere un “acto impulsorio”, es decir, una actuación que tenga la virtualidad de hacer avanzar el proceso hacia su próxima etapa.
En el caso de un recurso extraordinario, esto podría incluir, por ejemplo:
* Solicitar que se corra traslado del recurso a la otra parte.
* Instar la elevación del expediente a la Corte Suprema.
* Cumplir con las notificaciones que el tribunal ordene expresamente.
El fallo de la Cámara Federal hace especial hincapié en este último punto. Si el tribunal impone a la parte la obligación de notificar una determinada resolución (por ejemplo, la concesión del recurso), el mero hecho de interponerlo no es suficiente. La parte debe, además, confeccionar la cédula de notificación, diligenciarla y acreditar su cumplimiento en el expediente. La omisión de estos pasos demuestra una falta de diligencia que, sostenida en el tiempo, conduce inexorablemente a la caducidad.
La declaración de caducidad del recurso extraordinario tuvo una consecuencia lapidaria para Telecom Argentina: la sentencia que había intentado impugnar quedó firme. Esto significa que la decisión de la instancia anterior adquirió la calidad de cosa juzgada y se volvió inmodificable. La empresa perdió, por su propia inactividad, la oportunidad de que la Corte Suprema revisara su caso.
Este resultado pone de manifiesto la importancia de la figura de la caducidad como un instrumento para garantizar la seguridad jurídica y la duración razonable de los procesos. Los juicios no pueden permanecer abiertos indefinidamente por la negligencia de las partes. El impulso procesal es la contracara del derecho a la tutela judicial efectiva; quien busca justicia debe, a su vez, ser un partícipe activo y diligente en el procedimiento.
El fallo contra Telecom Argentina es una lección para todos los abogados y litigantes. Nos recuerda que la responsabilidad de llevar un caso a buen puerto es compartida con el tribunal. La justicia puede ser lenta, pero la inactividad de las partes no puede ser su coartada.
Para evitar la sanción de la caducidad, es fundamental:
* Realizar un seguimiento constante de los expedientes: No basta con presentar un escrito y esperar. Hay que estar atento a los movimientos del proceso y a los plazos que corren.
* Identificar los actos impulsores necesarios: En cada etapa del juicio, es crucial saber cuál es el próximo paso para hacer avanzar el procedimiento y solicitarlo o realizarlo en tiempo y forma.
* Cumplir con las cargas procesales: Las notificaciones, los traslados y demás obligaciones impuestas por el código o por el juez no son meras formalidades, sino actos esenciales para mantener viva la instancia.
En definitiva, el derecho no ampara a los que duermen. Un recurso, por más fundado que esté, se convierte en papel mojado si quien lo interpuso lo abandona a su suerte en el laberinto de los tribunales. El impulso procesal es el hilo de Ariadna que permite salir de ese laberinto con una sentencia favorable, y la caducidad de instancia es el Minotauro que devora a los litigantes negligentes.
1. ¿Qué es la caducidad de instancia?
Es la extinción del proceso o de una de sus etapas (instancia) debido a la inactividad de las partes durante un período de tiempo determinado por la ley.
2. ¿Cuál es el plazo de caducidad en segunda instancia?
Según el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el plazo es de tres meses desde la última actuación impulsora.
3. ¿Quién tiene la carga de impulsar el proceso?
La parte que tiene interés en que el juicio avance, que generalmente es el actor o, en la etapa recursiva, el recurrente.
4. ¿Qué es un recurso extraordinario federal?
Es un recurso excepcional que se interpone ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar sentencias de los tribunales inferiores que sean arbitrarias o que resuelvan cuestiones federales (como la interpretación de la Constitución Nacional).
5. ¿Qué significa que una sentencia quede “firme”?
Significa que ya no puede ser recurrida ni modificada, adquiriendo la calidad de cosa juzgada.
6. ¿Se puede evitar la caducidad?
Sí, realizando actos impulsores del procedimiento antes de que venza el plazo legal. Estos actos deben tener la aptitud de hacer avanzar el proceso hacia su conclusión.