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¿Qué es la caducidad de instancia y cómo impacta en los clientes?
La caducidad de instancia es un tema recurrente en el ejercicio del derecho procesal civil, que afecta tanto a los litigantes como a los profesionales que los representan. Pero, ¿qué sucede cuando esta caducidad es consecuencia directa de la inacción o negligencia del abogado? Este artículo busca responder a esa pregunta, utilizando como base el fallo recientemente emitido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en el caso “Krastev Bozhidar Evgeniev c/ L. E. d. l. Á.”, en el cual se condenó a una abogada por la pérdida de oportunidad que sufrió su cliente debido a la caducidad de la instancia en un juicio de daños y perjuicios.
Contexto del fallo: una abogada y la caducidad de instancia
En este caso, el actor demandó a su abogada por no haber impulsado un juicio de daños y perjuicios, derivado de un accidente de tránsito. La causa culminó en caducidad de instancia, afectando gravemente las chances de éxito de su cliente. El fallo dictaminó que la abogada no ofreció una justificación válida para la demora en la tramitación del juicio, lo que generó su responsabilidad por negligencia.
La obligación del abogado: ¿de medios o de resultados?
Una cuestión clave en este tipo de casos es si el abogado asume una obligación de medios o una obligación de resultados. En general, la obligación del abogado se considera de medios, es decir, el profesional no garantiza un resultado favorable, pero sí debe poner todos sus conocimientos y diligencia al servicio del cliente. No obstante, el fallo deja claro que en actos procesales cruciales, como evitar la caducidad de la instancia, el abogado asume una obligación de resultado.
Factores de atribución de responsabilidad
Para que se configure la responsabilidad civil de un abogado, deben concurrir los elementos esenciales: daño, nexo causal, antijuridicidad y factor de atribución. En este caso, el tribunal consideró que la abogada fue responsable porque incumplió con su deber de vigilancia y control del proceso, lo que resultó en la pérdida de la chance para su cliente. La caducidad de instancia no fue excusada, y se concluyó que hubo una negligencia inexcusable en su actuación.
Daño moral y pérdida de chance
El tribunal destacó dos conceptos fundamentales: daño moral y pérdida de chance. En este contexto, el daño moral se configuró por la frustración del cliente al perder la confianza en su abogada, mientras que la pérdida de chance se dio al haberse truncado la posibilidad de obtener una reparación en el juicio de daños y perjuicios. Ambos aspectos fueron cuantificados en la sentencia, que fijó una indemnización de $2.500.000 por pérdida de chance y $1.100.000 por daño moral.
El cómputo de la prescripción en la responsabilidad profesional
Un aspecto discutido en el fallo fue la prescripción. La abogada intentó argumentar que la acción estaba prescripta, sosteniendo que el plazo de prescripción comenzó cuando la Cámara confirmó la caducidad de instancia en julio de 2016. Sin embargo, el tribunal determinó que el plazo comenzó a computarse cuando el actor se enteró del archivo de la causa en 2019. Este enfoque, alineado con el criterio de la Corte Suprema, establece que el plazo comienza cuando el afectado tiene conocimiento cierto del daño.
Caducidad de instancia y la culpa profesional
El fallo es ejemplar en cuanto a la delimitación de la culpa profesional. El tribunal aclaró que la falta de acción del abogado, como la inacción para evitar la caducidad de la instancia, es un claro incumplimiento de los deberes procesales y profesionales. La abogada no presentó los escritos necesarios ni tomó las medidas requeridas para mantener el proceso activo, lo que provocó la perención de la instancia. En estos casos, la conducta omisiva se equipara a una culpa profesional, que deriva en la responsabilidad por los daños causados.
Análisis doctrinario: la obligación de diligencia del abogado
Este caso permite reflexionar sobre el alcance de la obligación de diligencia del abogado. Según el Código Civil y Comercial de la Nación, el profesional debe actuar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. El abogado no solo debe preparar escritos o representaciones, sino también asumir la responsabilidad de la dirección jurídica del proceso, asegurando su correcto desarrollo hasta la conclusión.
Consecuencias económicas para el abogado negligente
Uno de los aspectos más llamativos del fallo es la cuantificación económica de la responsabilidad de la abogada. En total, se fijó una condena de $3.032.000 por daños y perjuicios. Esta cifra incluye la pérdida de chance, el daño moral y el costo del tratamiento psicológico al que se sometió el actor por el daño emocional sufrido. La sentencia además sentó un precedente importante en cuanto a la valorización económica del daño moral en estos casos de mala praxis profesional.
¿Cómo evitar la caducidad de instancia? Recomendaciones para abogados
Este fallo nos invita a reflexionar sobre las mejores prácticas que deben seguir los abogados para evitar la caducidad de instancia:
Control exhaustivo de los plazos procesales: El abogado debe estar atento a los plazos de caducidad y tomar las medidas necesarias para evitar la perención.
Comunicación constante con el cliente: Mantener al cliente informado sobre el estado del proceso ayuda a evitar malentendidos o sorpresas.
Gestión proactiva del proceso: No basta con reaccionar a los movimientos de la otra parte; es esencial tomar la iniciativa en el impulso procesal.
Organización interna: Contar con herramientas de gestión de casos y alertas de plazos puede ser crucial para evitar errores procesales.
Conclusión: la responsabilidad profesional de los abogados como garantía del acceso a la justicia
Este fallo subraya la importancia de la responsabilidad profesional en el ejercicio de la abogacía. Los abogados no solo deben tener los conocimientos técnicos necesarios, sino que también deben actuar con la diligencia debida para garantizar que sus clientes no pierdan oportunidades de obtener justicia. La negligencia en la tramitación de un juicio puede tener consecuencias graves, tanto para el cliente como para el propio profesional.
El caso de Krastev Bozhidar Evgeniev es un recordatorio de que la confianza y la lealtad son pilares fundamentales en la relación abogado-cliente, y que su quiebre por negligencia puede derivar en responsabilidades económicas significativas.