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Enfrentar cuestiones relacionadas con el derecho penal puede ser una experiencia intimidante y angustiante. Las implicaciones de un proceso penal pueden afectar profundamente la vida de una persona, tanto en el presente como en el futuro. Nuestro equipo especializado en derecho penal se dedica a proteger y defender los derechos de quienes enfrentan acusaciones penales, ofreciendo un asesoramiento integral, una representación comprometida y una estrategia defensiva sólida. Desde las etapas iniciales de la investigación hasta la finalización del juicio, acompañamos a nuestros clientes en cada paso, garantizando un tratamiento justo y un proceso transparente.
La especialidad en derecho penal no se limita únicamente a la defensa en juicio; también abarca el asesoramiento preventivo, la orientación durante la etapa de investigación y la representación en instancias definitivas. En Argentina, el sistema penal tiene sus particularidades y complejidades, y contar con un equipo de profesionales experimentados puede marcar la diferencia entre una resolución favorable y un desenlace adverso.
Nuestro compromiso es proporcionar una representación legal de calidad, basada en la ética, la preparación y el profundo conocimiento del marco jurídico penal argentino. Cada caso es único, y lo abordamos con la seriedad y el respeto que merece, poniendo a disposición de nuestros clientes todas las herramientas y recursos necesarios para proteger sus derechos.
El ámbito penal es uno de los más complejos y delicados del derecho. A continuación, respondemos algunas preguntas frecuentes sobre el tema.
Un delito es una acción u omisión que atenta contra el orden jurídico penal y está tipificada y sancionada con una pena en el Código Penal. Por otro lado, las faltas o contravenciones son infracciones de menor gravedad, generalmente sancionadas con multas o penas de corta duración, y suelen ser reguladas por normativas locales o provinciales.
Todo imputado tiene derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen, a contar con un abogado defensor (y si no puede costear uno, el Estado debe proporcionárselo), a comunicarse con su familia, y a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos. Además, tiene el derecho a guardar silencio, lo que no puede ser utilizado en su contra.
Las víctimas tienen un rol protagónico y cuentan con derechos específicos para garantizar su protección y participación activa en el proceso. Estos derechos incluyen la posibilidad de ser asistidas por un letrado, recibir información sobre el avance del proceso, acceder a medidas de protección cuando su integridad esté en riesgo, y ser oídas antes de que se tomen decisiones relevantes en el caso.